Esta respuesta conjunta de la sociedad civil ofrece una crítica detallada del borrador del 24 de octubre de 2025 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, argumentando que el texto debe ir más allá para lograr un sistema fiscal global verdaderamente transformador y equitativo. En él se esbozan recomendaciones concretas para centrar la atención en los derechos humanos, el género y la justicia económica, y garantizar que la convención reduzca de manera significativa las desigualdades entre los países y dentro de ellos.
El documento pide compromisos firmes para frenar los flujos financieros ilícitos, poner fin a las prácticas fiscales perjudiciales y reforzar la fiscalidad progresiva, de modo que los Estados puedan recaudar de forma justa los ingresos de las personas adineradas y las empresas multinacionales. Destaca que la ampliación del espacio fiscal es esencial para financiar servicios públicos universales y de calidad, como la educación, la salud y la protección social, especialmente en los países de ingresos bajos y medios.
Los firmantes también destacan la importancia de una gobernanza inclusiva y transparente de la nueva convención, con una fuerte participación de los países del Sur Global y la sociedad civil. Instan a los gobiernos a alinear la cooperación fiscal con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible, garantizando que las normas mundiales apoyen una inversión pública basada en los derechos, sensible al género y justa desde el punto de vista climático.