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Defensa de la tecnología educativa: justicia digital para la educación pública
La campaña de promoción de la tecnología educativa (EdTech) de GCE impulsa el avance de la tecnología en la educación, sin socavar el derecho a una educación pública gratuita, inclusiva y de calidad, así como al aprendizaje permanente para todos. La campaña se centra en reducir la brecha digital, proteger los sistemas públicos de una comercialización perjudicial y garantizar que la digitalización refuerce, en lugar de sustituir, el papel de los docentes y las instituciones públicas.
Por qué es necesaria la promoción de la tecnología educativa
La creciente dependencia de las herramientas digitales ha agravado las desigualdades existentes, ya que la conectividad y los dispositivos se concentran en los contextos más ricos, mientras que los alumnos de entornos con bajos ingresos y afectados por crisis se quedan atrás. Al mismo tiempo, poderosos actores privados están remodelando los mercados educativos e influyendo en las agendas políticas, a menudo sin una regulación, transparencia o rendición de cuentas adecuadas.
Nuestra visión para una tecnología educativa transformadora y de interés público
La CME prevé soluciones digitales y tecnológicas que amplíen el acceso a la educación, apoyen la continuidad del aprendizaje y fortalezcan el pensamiento crítico, la participación cívica y la participación democrática. La tecnología debe utilizarse como una herramienta pedagógica accesible, segura, respetuosa de los derechos y guiada por una regulación de interés público, y no como sustituto de docentes debidamente formados y remunerados de manera justa.
Lo que defiende GCE
Cerrar la brecha digital
Los gobiernos deben invertir para que ningún estudiante se quede atrás cuando se amplíe la conectividad y el acceso a la tecnología, prestando especial atención a los estudiantes con discapacidades, los que se encuentran en situaciones de emergencia y los que actualmente están más alejados de los sistemas educativos. La digitalización debe ir acompañada de inversiones en infraestructura, dispositivos, diseño inclusivo y apoyo a los estudiantes, los docentes, los padres y las comunidades.
Contenidos digitales públicos, abiertos y relevantes
Los Estados deben proporcionar planes de estudios gratuitos, abiertos y contextualmente relevantes, así como contenidos educativos digitales de alta calidad, resistiéndose a los modelos que encadenan a las escuelas a plataformas propietarias y profundizan el control comercial sobre la educación pública. Las herramientas digitales deben apoyar una educación inclusiva, transformadora en materia de género y sensible a las lenguas, culturas y conocimientos locales.
Competencias digitales y de datos críticas
Los sistemas educativos deben fomentar el pensamiento crítico junto con las competencias digitales, de modo que los alumnos puedan navegar, cuestionar y utilizar de forma segura la información, las plataformas y las herramientas basadas en la inteligencia artificial disponibles en línea. Esto incluye comprender el poder, la vigilancia y la extracción de datos en los entornos digitales, y defender el espacio cívico y la participación democrática tanto en línea como fuera de línea.
Proteger a los docentes y los trabajadores de la educación
Los gobiernos deben invertir en el desarrollo profesional continuo para que los docentes puedan integrar eficazmente la tecnología de manera que se respeten los principios pedagógicos y los derechos de los alumnos. El despliegue de la tecnología nunca debe utilizarse para justificar recortes en los presupuestos educativos, la precarización del trabajo de los docentes o el menoscabo de su autonomía profesional y libertad académica.
Cómo funciona la campaña
La campaña de promoción de la tecnología educativa combina la investigación global, el análisis de políticas y el aprendizaje a nivel de todo el movimiento con la promoción a nivel nacional liderada por las coaliciones de la CME. Los miembros de la CME documentan el impacto de la digitalización y la privatización, comparten lecciones a través del Centro de Aprendizaje y trabajan juntos para influir en los principales actores de la tecnología educativa, los procesos multilaterales y los debates sobre financiación, de modo que la transformación digital impulse el ODS 4 y la justicia educativa.
