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Convenio Fiscal de las Naciones Unidas: Justicia fiscal para una educación pública de calidad
La campaña de GCE sobre el Convenio Fiscal de las Naciones Unidas aboga por unas normas fiscales mundiales más justas, de modo que los países puedan recaudar más y mejores recursos nacionales para financiar una educación pública gratuita, inclusiva y de calidad, así como el aprendizaje permanente para todos. Al vincular la justicia fiscal con la justicia educativa, la campaña insta a los gobiernos y a las instituciones internacionales a hacer frente a las deficiencias estructurales de financiación que mantienen a millones de alumnos fuera de la escuela o en aulas con recursos insuficientes.
Por qué es importante para la educación un convenio fiscal de la ONU
Los países de ingresos bajos y medios-bajos se enfrentan a un déficit anual de financiación de la educación de casi 200 000 millones de dólares estadounidenses, mientras que los presupuestos públicos destinados a la educación siguen siendo insuficientes y, a menudo, ineficaces. Al mismo tiempo, los sistemas fiscales regresivos, el abuso fiscal y las normas globales injustas limitan la capacidad de los gobiernos para invertir al máximo sus recursos disponibles en la educación pública.
Posición de GCE sobre la justicia fiscal
El plan estratégico de la CME identifica la «defensa de la justicia fiscal» como una demanda fundamental dentro de su prioridad de financiación de la educación, junto con el aumento de la proporción, el tamaño y el escrutinio de los presupuestos educativos. El movimiento insta a los gobiernos a aumentar los recursos nacionales destinados a la educación mediante una fiscalidad más justa, el uso sostenible de los recursos naturales, el gasto equitativo de los recursos educativos y una mayor transparencia y rendición de cuentas en la recaudación de ingresos y el gasto público.
Lo que exige la campaña
Una convención fiscal de las Naciones Unidas centrada en los derechos humanos y la equidad
La CME apoya los esfuerzos encaminados a lograr una convención fiscal de las Naciones Unidas que otorgue a todos los países, especialmente a los del Sur Global, la misma voz a la hora de establecer normas fiscales mundiales, frenar los flujos financieros ilícitos y hacer frente a la competencia fiscal perjudicial que erosiona los presupuestos educativos. La reforma fiscal mundial debe diseñarse con el fin de ampliar el espacio fiscal para los sectores sociales, incluidos la primera infancia, la educación escolar y el aprendizaje de jóvenes y adultos.
Más y mejor financiación pública para la educación
Los gobiernos deben comprometerse a utilizar los ingresos movilizados a través de sistemas fiscales más justos para aumentar el volumen y la proporción del gasto público en educación, prestando especial atención a las personas marginadas o en riesgo de quedarse atrás. Es esencial establecer objetivos de financiación con base legal y planes claros para alcanzarlos, junto con un seguimiento riguroso del impacto del gasto público y privado en la equidad educativa.
Cómo funciona la campaña
A través de esta campaña, la CME establece alianzas con movimientos que defienden la justicia fiscal, la justicia de la deuda y la justicia social en general, con el fin de abogar conjuntamente por reformas financieras sistémicas que defiendan el derecho a la educación. Las coaliciones nacionales y las redes regionales aportan pruebas de sus contextos a los debates fiscales mundiales, mientras que la CME vincula estas luchas con el ODS 4 y los procesos de financiación para el desarrollo, impulsando una convención fiscal de las Naciones Unidas que proporcione recursos reales para los sistemas de educación pública.
