Por Nelsy Lizarazo Castro, coordinadora general de CLADE y vicepresidenta de la CME
Comienzo este artículo haciendo hincapié en un hecho universalmente reconocido: la educación es un derecho humano fundamental. Por consiguiente, es responsabilidad de los Estados garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación a lo largo de su vida. Esto solo puede lograrse mediante sistemas de educación pública que sean adecuados, pertinentes y capaces de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas, al tiempo que promueven la democracia, la justicia y la equidad.
Es evidente que, si bien existen varios factores esenciales para garantizar el derecho a la educación, un aspecto clave es la financiación pública. Esto incluye contar con recursos adecuados que respondan a las cuestiones de género y den prioridad a los grupos que han sido históricamente marginados, junto con una gestión transparente y eficaz, así como la rendición de cuentas y la apertura.
La percepción disminuida de la inmensa importancia de la educación como catalizador del cambio y motor potencial para abordar las desigualdades y promover la cohesión social domina la toma de decisiones en la elaboración de los presupuestos públicos. Una narrativa predominante limita la movilización social y se utiliza a menudo para justificar la falta de acción política, alegando razones como la falta de recursos, las crisis económicas y el estancamiento del crecimiento. Estamos familiarizados con esta narrativa. Las consecuencias derivadas de este punto de vista son evidentes: recortes en los presupuestos educativos, iniciativas agresivas de privatización y aumento de los préstamos y la deuda, entre otras cuestiones.
Es esencial cambiarlo todo: nuestra perspectiva, la narrativa y nuestras prácticas. Sin duda, un sistema de educación pública integral, sólido y relevante, accesible a personas de todas las edades y procedencias, fomenta la ciudadanía activa, nutre el talento humano, genera nuevas dinámicas económicas creativas y crea oportunidades para una vida digna en cualquier sociedad.
Además, es innegable que los abundantes datos que ilustran la extrema concentración de la riqueza, la evasión y el fraude fiscales, los flujos financieros ilícitos y los gastos fiscales excesivos indican que hay una cantidad significativa de dinero disponible. El problema no radica en la falta de recursos, sino en la ausencia de justicia fiscal y de las políticas fiscales progresivas necesarias para garantizar una distribución equitativa de la riqueza. En otras palabras, necesitamos prácticas alternativas que amplíen verdaderamente la capacidad fiscal de nuestros Estados y creen oportunidades viables para financiar de manera sostenible, equitativa, suficiente y justa el derecho humano a la educación.
Por lo tanto, al considerar formas innovadoras de financiar la educación pública, debemos centrarnos en políticas fiscales progresivas. Esto representa un enfoque novedoso para la mayoría de los países del Sur Global, en particular en la región de América Latina y el Caribe. Existe un camino sostenible hacia adelante que requiere principalmente voluntad política y que puede implementarse gradualmente a nivel nacional, regional y mundial, comenzando ahora para asegurar un futuro mejor.