ÁREA DE ENFOQUE › Educación en situaciones de emergencia

Los desastres, las pandemias, los conflictos y los desplazamientos amenazan el progreso mundial en el ODS 4 y ponen en riesgo el derecho a la educación de millones de personas. Se estima que 222 millones de niños en edad escolar afectados por crisis necesitan apoyo educativo, y en 2020-2021 se produjeron alrededor de 5000 ataques contra escuelas y universidades, lo que puso en peligro vidas y destruyó infraestructuras.

Los refugiados y otros estudiantes desplazados siguen estando muy desatendidos, ya que solo alrededor del 68 % de los niños refugiados tienen acceso a la educación primaria. Al mismo tiempo, los estudiantes y alumnos que se organizan o alzan la voz a menudo se enfrentan a la vigilancia, la criminalización y la represión violenta, incluida la prohibición de los sindicatos de estudiantes en algunos países.

Los miembros de la CME colaboran en aspectos clave que determinan si los sistemas educativos pueden resistir y responder a las crisis.

Planificación y presupuestación inclusivas y sensibles a las crisis

La CME aboga por planes y presupuestos para el sector educativo que analicen los riesgos, reduzcan la vulnerabilidad y garanticen la preparación, de modo que las escuelas puedan mitigar activamente los riesgos de desastres y crisis para todos los alumnos en su diversidad. Esto incluye la integración del apoyo psicosocial, el aprendizaje socioemocional y las medidas de protección en las políticas y programas educativos.

Entornos de aprendizaje seguros y protectores

El movimiento pide que las escuelas y las instituciones de educación superior sigan siendo lo más seguras posible, con medidas para proteger a los estudiantes, los docentes y el personal de los ataques, la violencia y el acoso. Cuando el cierre de las escuelas es inevitable, la CME promueve opciones de aprendizaje a distancia inclusivas que acorten, en lugar de profundizar, la brecha digital.

Educación para los refugiados y los alumnos desplazados

La CME insiste en que los refugiados, los desplazados internos, los repatriados, los solicitantes de asilo y los apátridas, en toda su diversidad, deben tener garantizado un acceso no discriminatorio a una educación de calidad. Esto incluye el reconocimiento de las cualificaciones, una remuneración justa para los docentes que trabajan en situaciones de emergencia y vías que permitan a los alumnos continuar y completar sus estudios.

Protección del espacio cívico y los derechos de los estudiantes

Esta área prioritaria también aborda la criminalización y la represión de los estudiantes y los académicos, defendiendo sus derechos de reunión, sindicación y ejercicio de la libertad académica y la libertad de expresión. La CME apoya mecanismos como los programas de «estudiantes en situación de riesgo» y de protección temporal, que permiten a los estudiantes activistas perseguidos continuar su educación de forma segura.

La CME dirige peticiones específicas a los gobiernos, los donantes y otros responsables de la toma de decisiones.

Garantizar una educación segura y continua

1. Adoptar y poner en práctica la Declaración sobre Escuelas Seguras y los compromisos relacionados.
2. Mantener las escuelas abiertas de forma segura en la medida de lo posible, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la protección, el apoyo psicosocial y el aprendizaje socioemocional.
3. Ofrecer programas de bienestar social y salud que apoyen el bienestar de los docentes y los alumnos durante las emergencias.

Planificar y financiar con un enfoque de nexo

1. Llevar a cabo una planificación y presupuestación de la educación inclusiva y sensible a las crisis en todos los niveles, aplicando un enfoque de nexo entre el desarrollo, la ayuda humanitaria y la paz.
2. Dar prioridad y aumentar la financiación de la educación en situaciones de emergencia, tanto en la ayuda humanitaria como en la asistencia para el desarrollo a largo plazo.
3. Localizar las respuestas siempre que sea posible, garantizando que la sociedad civil, los estudiantes, los padres y los docentes participen en la toma de decisiones.

Invertir en los docentes y en sistemas resilientes

1. Equipar y apoyar a los docentes para que enseñen sobre la reducción del riesgo de desastres, el cambio climático, la salud, los derechos humanos y la coexistencia pacífica, y para que apoyen la seguridad y el bienestar de los alumnos antes, durante y después de las crisis.
2. Reformar los sistemas educativos para fomentar la resiliencia institucional, la cohesión social y la confianza en los servicios de educación pública.

Proteger los derechos y vigilar los ataques

1. Proteger los derechos de los estudiantes y los educadores a organizarse, protestar y participar en la vida académica y cívica sin miedo.
2. Apoyar la supervisión sistemática de la aplicación del ODS 4 y de los ataques contra estudiantes, docentes y personal educativo, incluida la represión violenta de las protestas estudiantiles dentro y fuera del campus.

GCE colabora sistemáticamente con grupos educativos locales, nacionales, regionales y mundiales, así como con mecanismos de coordinación para la educación en situaciones de emergencia. El movimiento aboga ante los donantes por una financiación mayor y más eficaz en todo el nexo entre el desarrollo, la ayuda humanitaria y la paz, y llama la atención sobre las crisis emergentes y «olvidadas» y sus repercusiones en la educación.

A través de la investigación sobre cómo la financiación y el liderazgo configuran la preparación, la respuesta y la recuperación, la CME genera pruebas que sirven de base para la promoción y la programación. El movimiento también representa a la sociedad civil en los procesos y plataformas de La educación no puede esperar, con especial énfasis en la igualdad de género y la protección en la educación en situaciones de emergencia.