Por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro del Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4.
El camino hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) se ha caracterizado por un cambio significativo en las ambiciones: se ha pasado de un enfoque limitado al acceso a la educación a una transformación más profunda de los propios sistemas educativos. Esta transformación ha sido especialmente evidente en los esfuerzos por eliminar las desigualdades de género en la educación y a través de ella, con un movimiento educativo firmemente comprometido con el avance de una sociedad basada en la justicia y el cuidado.
Desde la Plataforma de Acción de Beijing (1995) hasta la Declaración de Incheon (2015), la comunidad internacional ha reconocido cada vez más que la educación nunca es neutral. Dependiendo de cómo se diseñe, se imparta y se evalúe, reproduce o desafía las estructuras de poder. En 2015, con la adopción de la Agenda Educación 2030, la equidad y la igualdad se habían convertido en conceptos inseparables de la educación de calidad.
En los últimos años se han logrado importantes avances en la traducción de los compromisos en acciones concretas. Iniciativas como la Guía Técnica Internacional sobre Educación Sexual de la UNESCO y los marcos de la UNGEI sobre educación transformadora en materia de género han trasladado el debate mundial de las declaraciones generales a las estrategias operativas. Estos marcos hacen hincapié en la necesidad de transformar las normas sociales, combatir los estereotipos en las aulas y garantizar entornos de aprendizaje seguros e inclusivos. También sitúan la formación del profesorado en el centro del cambio sostenible.
Igualmente significativo ha sido el creciente liderazgo de la sociedad civil. Las redes y coaliciones educativas, junto con los movimientos feministas, han ido más allá de la supervisión de los compromisos para configurar de forma proactiva la agenda. Su labor de promoción ha hecho hincapié en la financiación sostenible de la educación transformadora en materia de género, las pedagogías feministas, la formación docente contra la opresión y los entornos escolares inclusivos que celebran la diversidad. Por lo tanto, la sociedad civil ha presionado a los gobiernos y a los organismos internacionales para que pasen de la retórica a la acción política, demostrando que la justicia solo puede lograrse cuando la educación se utiliza como herramienta para desafiar las desigualdades arraigadas y cuando los movimientos feministas y de base son fundamentales para impulsar el cambio a nivel local.
Retos, retrocesos y perspectivas
La última década también ha puesto de manifiesto la fragilidad de los avances. A nivel mundial, hemos asistido a un retroceso en las políticas educativas sensibles al género, impulsado por alianzas entre gobiernos autoritarios, movimientos ultraconservadores y redes transnacionales «antigénero».
Afganistán representa el retroceso más extremo, ya que se prohíbe sistemáticamente a las niñas acceder a la educación secundaria y superior. En Europa, la decisión de Hungría en 2018 de eliminar los estudios de género de los programas acreditados ilustra otra forma de reacción, destinada a desacreditar campos enteros del conocimiento. En toda América Latina y en otros lugares, las campañas contra la denominada «ideología de género» han tratado de intimidar a los docentes, censurar los planes de estudio y restringir la educación sexual integral.
Estos ataques no son aislados. Forman parte de una ofensiva ideológica coordinada que replantea la igualdad de género como una amenaza para la familia, la tradición o la identidad nacional. Sus efectos se sienten directamente en las aulas: censura de contenidos inclusivos, entornos de aprendizaje inseguros para los alumnos LGBTQI+ y un clima de miedo que disuade a los educadores de aplicar enfoques progresistas.
A medida que la comunidad mundial mira más allá de 2030, el futuro de la educación y el aprendizaje permanente requiere tanto la consolidación de los logros del pasado como nuevas direcciones audaces. Las prioridades clave incluyen:
- Incorporar los marcos globales en los planes y presupuestos nacionales: Los compromisos contraídos en virtud de los ODS 4 y 5 deben traducirse en planes sectoriales con presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género y mecanismos de rendición de cuentas sólidos. Sin respaldo financiero, los compromisos siguen siendo simbólicos.
- Garantizar una educación sexual integral (ESI): La ESI es una herramienta probada para desafiar los estereotipos, prevenir la violencia de género y promover la salud y el bienestar. Garantizar su provisión universal es fundamental para una educación transformadora en materia de género.
- Garantizar políticas de inclusión: Medidas como la gestión gratuita de la salud menstrual, el transporte seguro, las becas y los programas de reincorporación para madres adolescentes ya han dado resultados en contextos africanos y deben ampliarse a nivel mundial.
- Proteger la libertad académica y los planes de estudio inclusivos: Se necesitan salvaguardias para defender la autonomía de las instituciones académicas, preservar la legitimidad de los estudios de género y resistir la censura de los planes de estudio que promueven la igualdad y la diversidad.
Abordar las masculinidades y prevenir la violencia: Las escuelas deben convertirse en espacios para desafiar las normas de género perjudiciales, desde la primera infancia hasta la educación de adultos. Son esenciales los programas que involucran a los niños y los hombres en masculinidades no hegemónicas, junto con protocolos sólidos para abordar la violencia.
Junto con estas prioridades, es fundamental contar con una financiación sostenida. Los presupuestos nacionales de educación y la ayuda de los donantes deben proteger y ampliar los recursos destinados a enfoques transformadores en materia de género, incluyendo el enfoque fundamental en la atención, resistiendo la austeridad y los recortes regresivos de la financiación. Las injusticias estructurales, como la fiscalidad regresiva, el sobreendeudamiento y la imposición de medidas de austeridad, siguen restringiendo el espacio fiscal de los países en desarrollo y profundizando las desigualdades, lo que socava directamente el potencial de los sistemas educativos para promover la igualdad de género.
Por último, las alianzas con los movimientos feministas y las coaliciones más amplias de derechos humanos serán fundamentales para mantener el impulso, amplificar la resistencia a la reacción contra el género y reimaginar la educación como un espacio de justicia, cuidado y renovación democrática.
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