Por Refat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
Cuando nos reunimos en eventos como la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (WSSDII) y los debates paralelos organizados por la Alianza Mundial para la Educación (GPE), hay una pregunta que destaca: ¿qué papel puede desempeñar la sociedad civil para garantizar la equidad y llegar a los más marginados en nuestra agenda de transformación de la educación mundial? En mis recientes puntos de debate para un evento paralelo de la GPE, profundicé en esta cuestión, compartiendo ejemplos reales del impacto de la sociedad civil y destacando la necesidad crítica de una financiación completa de la educación. Hoy quiero ampliar esta idea en este blog, convirtiendo esas ideas en una conversación más amplia sobre cómo podemos construir sistemas educativos inclusivos que realmente no dejen a nadie atrás.
Para que la educación cumpla su promesa transformadora, debe basarse en los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia. No se trata solo de retórica, sino del fundamento de un sistema educativo que crea oportunidades para todos. No estamos hablando de preparar a los alumnos para que se adapten simplemente al mundo tal y como es, sino de dotar a cada individuo de las habilidades y la mentalidad necesarias para remodelarlo y mejorarlo. Esta visión es lo que le debemos a las generaciones actuales y futuras.
La sociedad civil es la fuerza motriz que impulsa la materialización de esta visión. Desde coaliciones educativas regionales y nacionales hasta sindicatos de docentes, movimientos juveniles, organizaciones comunitarias y grupos liderados por mujeres, estas entidades han sido el motor del progreso educativo durante décadas. Su participación no es opcional, sino esencial para construir legitimidad, garantizar la rendición de cuentas e impulsar un cambio duradero.
Durante los últimos 25 años, he sido testigo y he apoyado a miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se han comprometido, movilizado y enfrentado a retos en algunos de los contextos más difíciles. Han defendido incansablemente el derecho a la educación, ofreciendo soluciones basadas en pruebas y fundamentadas en las realidades de la comunidad. A continuación se presentan algunos ejemplos inspiradores que ponen de relieve cómo la sociedad civil está construyendo sistemas educativos inclusivos:
Brasil: Nuestros miembros defendieron con éxito una ley que establece una norma de coste por alumno, lo que garantiza una financiación equitativa en todos los ámbitos y reduce las disparidades en la asignación de recursos.
Tanzania: Gracias a una labor de promoción persistente, las OSC contribuyeron a garantizar el Plan Nacional de Reincorporación, que garantiza el derecho de las niñas a volver a la escuela después del embarazo, un paso crucial hacia la igualdad de género en la educación.
Yemen: Incluso en medio del conflicto actual, la sociedad civil dio forma al Plan Nacional del Sector Educativo, demostrando la resiliencia y el poder de las voces locales en situaciones de crisis.
Mongolia: El activismo condujo a la primera política integral de educación bilingüe del país para las minorías étnicas, promoviendo la inclusión y la preservación cultural.
Mozambique: Los esfuerzos de la sociedad civil eliminaron las tasas escolares ocultas, lo que hizo que la educación fuera más accesible para las familias de bajos ingresos y las comunidades marginadas.
Y no olvidemos la crisis actual en Palestina, donde la sociedad civil ha demostrado que la educación es más que un servicio, es un derecho humano fundamental y una herramienta para la liberación y la justicia. Estas historias demuestran que cuando las comunidades lideran, los sistemas educativos se transforman.
La necesidad de financiación: salvar la brecha para un futuro justo
Pero la defensa de la causa por sí sola no es suficiente. Para mantener estos cambios, la educación debe contar con una financiación pública completa. Las disparidades son evidentes. Los países de bajos ingresos gastan una media de solo 55 dólares estadounidenses por alumno al año, mientras que los países de altos ingresos invierten más de 8500 dólares. Esta brecha no es inevitable, es una elección política.
Necesitamos actuar con urgencia en múltiples frentes:
- Los países de ingresos altos deben revertir los recortes recientes en la ayuda.
- Los gobiernos deben aplicar una fiscalidad progresiva para generar ingresos justos.
- Los esfuerzos por frenar los flujos financieros ilícitos e impulsar reformas financieras globales son esenciales para ampliar el espacio fiscal.
- Iniciativas como las negociaciones en curso para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional y un «impuesto a los multimillonarios» coordinado podrían liberar recursos sin precedentes para la educación.
A medida que nos acercamos a la fecha límite de la Agenda 2030 y miramos más allá, hago un llamamiento a favor de una agenda educativa basada en los derechos humanos, transformadora en materia de género, intergeneracional, preparada para el clima y financiada con fondos públicos, con la equidad y la inclusión como elementos centrales.